México: periodismo e impunidad
Código
Nucú / César
Trujillo
México
es un país aplastado por la violencia, la corrupción y los actos de
intimidación que han alcanzado límites impensados. Bajo esta premisa, la
impunidad se alza con las manos al cielo dejando una estela de desconfianza que
pulula por doquier. No se equivocan quienes afirman que en nuestro país se
puede matar a un periodista sin ser identificado ni enfrentar un proceso de
justicia. Desgraciadamente, lo hemos visto.
De
enero a la fecha, ARTICLE 19 ha documentado ocho periodistas asesinados:
Cecilio Pineda, Ricardo Monlui, Miroslava Breach, Maximino Rodríguez, Javier
Valdez, Jonathan Rodríguez, Edwin Rivera y Luciano Rivera. La impunidad ha
prevalecido en cada uno de los casos. No hay procesos ni culpables ni nada. Los
actores intelectuales desaparecieron junto al sonido de las armas que han
sembrado el miedo en cada uno de nosotros.
En
el 2017 los datos son fríos y duros: 67 actos de intimidación, 56 ataques
materiales o físicos y 60 amenazas, de éstas: 19 fueron de muerte. El
incremento de las cifras, comparado al año pasado, oscila en un 23 por ciento y
los expertos esperan que aumenten aún más ahora que se entra al periodo electoral
del 2018, donde un panorama nada alentador espera a México.
Y
el asunto se agrava más cuando se ha señalado que en el 50 por ciento de los
casos las agresiones han sido orquestadas por funcionarios públicos. Todos se
han cobijado en la impunidad de un endeble sistema de procuración de justicia que no castiga, sino que parece dar
ánimos a que se sigan vejando sistémicamente los derechos de la prensa y el de
todos los mexicanos.
Pese
a los llamados de diversos organismos para garantizar la libertad de prensa, ARTICLE
19 afirma que en los estados del norte del país (Coahuila, Tamaulipas, Baja
California, Baja California Sur y Chihuahua) han aumentado las agresiones de
manera considerable con respecto a años anteriores.
Está
por demás claro que el fin inicial de estas agresiones es buscar interrumpir el
flujo de información. El asunto aquí es que en México, al no existir garantías ni
protección ni respeto por los derechos humanos, los periodistas deambulan en el
limbo de la inseguridad y al borde de la muerte.
No
basta ir muy lejos y recordar el espectro que es la Fiscalía Especializada para
la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle), un aparato inútil
que no tiene ningún anuncio de sanciones a funcionarios que han agredido a periodistas,
pese a que estos hechos han estado documentados.
Recordemos
que desde el 2010 en que fue creada dicha Fiscalía se abrieron poco más de 700
expedientes. Todos encausados en diferentes delitos cometidos en contra de
periodistas. Son 48 casos por homicidio. ¿Los resultados? Tres sentencias. Es
decir, en siete años de haber sido creada la Feadle, sus resultados son esos: el
reflejo de la impunidad que ha permeado todas las estructuras del poder en
nuestro país y lo inservibles que son las fiscalías para los mexicanos. Punto.
Ante
la indefensión, ¿qué les queda entonces a los periodistas? La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha afirmado que, en muchas ocasiones,
la percepción de riesgo está detonando en el aumento del desplazamiento forzado
que es la última medida de autoprotección que toman los compañeros que saben
que están solos y que el mismo sistema es capaz de entregarlos como carne de
cañón.
No
basta con los hastag #Nosematalavermatandoperiodistas que las mismas
dependencias publican en sus redes. El asunto acá es que a los políticos no les
gusta (ni nunca les gustará) que los desnuden y que muestren las redes de
corrupción que los abanderan.
Les
incomoda la crítica fundamentada y les irrita que sus fechorías se conviertan
en trending topic ante el empoderamiento de las redes sociales. Sin embargo, hay
que acentuar que no les tiembla la mano en atentar contra sus críticos, pues saben
que el sistema político mexicano los va a encubrir, proteger y crear cortinas de humo. Sí, lo saben: llevan
las de ganar. Porque, aunque incomode, esto es México y acá se privilegia la
corrupción.
Manjar
¿Qué
injerencia tiene el diputado federal el Partido Verde Ecologista de México
(PVEM), Diego Valera, en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en
Chiapas? La pregunta va porque sigue cobrando desde la curul del PVEM y parece
más un infiltrado cuya consigna es dividir al perredismo y hacer desmanes, en
vez de sumar. Desde su intentona de refugiarse en el sol azteca, cobijado por
Alejandra Soriano y el expulsado experredista, Agustín Bonifaz, Valera sólo ha
servido de comparsa para el golpeteo interno. Lo curioso es que no es consejero
ni militante ni tiene tiempo como perredista para estar inmiscuido en los actos
vandálicos que han prevalecido. Repito: si quiere ser perredista que empiece
como todos. Que renuncie a los más de 140 mil pesos que le paga el verde y que
haga trabajo de bases. De otro modo no es más que un muchachito incongruente y
berrinchudo que busca refugio porque en el PVEM no lo quieren y le ha pedido a
papá que lo proteja. #Peladitoyenlaboca //
La recomendación de hoy es Un hombre que
cae está enfermo de gravedad del vate chiapaneco Eduardo Hidalgo y el disco
Café Atlántico de Cesária Évora. //
Recuerde: no compre mascotas, mejor adopte. // Si no tiene nada mejor qué
hacer, póngase a leer.
@C_T1
palabrasdeotro@gmail.com
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